Resumo

En el trabajo se presentan los resultados de un estudio de campo cuyo objetivo principal fue analizar los factores involucrados en el origen y proliferación de contratos entre algunos sectores de la población en el estado Zulia -hacia el oeste de Venezuela-y organizaciones que cobran para la protección sobre bienes, en particular de vehículos. Se desarrollaron así en los Municipios Mara, Páez y Jesús Enrique Losada, mecanismos de protección sobre vehículos al margen de la normativa vigente, generando durante su existencia amplia aceptación social, no obstante su administración señalada de extorsionar a los afi liados a partir de cuestionadas formas de vinculación con grupos delincuenciales. Se trabajó con la técnica de la Encuesta, mediante la aplicación de un cuestionario especialmente preparado para describir la regularidad del conocimiento y de las percepciones y opiniones de la población, afi liada o no a las organizaciones aludidas. Se concluye que la población asume la existencia de tales asociaciones como una alternativa al problema de inseguridad generalizada. Sin embargo, tal protección termina siendo un mecanismo de extorsión no cuestionado desde las comunidades en las que se asientan, ante una realidad social impregnada de miedo, con marcada tendencia hacia la privatización del control social y caracterizada por la inoperancia de la acción institucional pública.